El diputado provincial radical rechazó la idea de aumentar los miembros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. También habló de su proyecto para eximir de la VTV a los automóviles con menos de 50 mil kilómetros.
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El diputado provincial por la UCR, Emiliano Balbín, rechazó la idea de ampliar la cantidad de miembros de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. El senador provincial del Frente de Todos, Francisco Durañona, presentó un proyecto en el que se propone elevar el número de integrantes a uno similar al de los departamentos judiciales, es decir, con 15 jueces supremos.
“Me parece que no estamos para estar ampliando cortes y magistraturas. Lo conveniente sería que funcionen prontamente. Hoy la justicia en la provincia de Buenos Aires tiene un tercio de vacantes pendientes”, enfatizó Emiliano Balbín en diálogo con el programa radial Sin Retorno ( (Lunes a viernes de 10 a 13 por GPS El Camino FM 90.7).
Siguiendo esa línea, el legislador radical advirtió que “hay problemas de acceso a la justicia por falta de magistrados y empleados del poder judicial. Es importante que podamos hacer funcionar las instituciones. Es oportuno que se aceleren los tiempos de la integración de los cuerpos colegiados”.
Al mismo tiempo alertó: “Hoy una justicia lenta no es justicia. Hoy tenemos el retraso propio que dejó la pandemia, y el retraso de la falta de jueces y secretarios que hace que sea dificultoso el trabajo. Se retrasan todas las causas”.
VTV
En otro tramo de la entrevista explicó aspecto de la iniciativa presentada en conjunto con el diputado Claudio Frangul, en el que se prevé que automóviles y camionetas particulares de hasta tres años a partir del patentamiento o con hasta 50.000 kilómetros de uso, sean exentas de la VTV.
“Planteamos reducir la cantidad de controles de la VTV. Que se hagan a partir del tercer año de entrega de los autos 0 Km y a partir de allí que sea bianual, es decir a los 3 años, luego a los cinco y a los 7. O un promedio de uso del automóvil de 50 mil Km por año”, explicó.
Balbín aseguró que el objetivo del proyecto pretende “espaciar la cantidad de verificaciones, adecuar una ley que ya tiene 22 años y aliviar los bolsillos de los conductores de la provincia de Buenos Aires”.
